Al fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las diputadas locales de Morena, Bere Martínez y Brenda Velázquez, y el diputado Tomás Montoya impulsaron la Ley de Crianza Positiva y Erradicación del Maltrato Infantil en Nuevo León.
La iniciativa presentada en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, establece un marco normativo para prevenir y sancionar el maltrato infantil, además de fomentar las prácticas de crianza respetuosas y libres de violencia.
Bere Martínez, Vice Coordinadora del Grupo Legislativo de Morena urgió a proteger a la niñez que enfrenta maltratos, descuidos, negligencias, abandonos, abuso emocional, físico o sexual; así como la explotación, uso de drogas y enervantes, privación ilegal de la libertad y trata de personas.
“Será aplicable en el hogar, en establecimientos públicos, privados o subvencionados, o en cualquier espacio donde se presten servicios de crianza, educación, salud, cultura, recreación, atención, protección, recuperación, reparación o cualquier actividad relacionada con el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La legisladora Brenda Velázquez explicó que la norma planteada consta de 35 artículos y cinco transitorios, y resaltó los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, en el que 6 de cada 10 menores de edad ha sido objeto de métodos de disciplina violentos en sus hogares.
“Y hay otra cifra en Nuevo León, la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 reporta que el 63 por ciento de menores de entre uno y 14 años en la entidad, ha experimentado castigos físicos o agresiones verbales en sus casas”, añadió Velázquez.
El diputado Tomás Montoya detalló que, por ejemplo, en el artículo 8 se indica que la crianza positiva se basa en brindar los cuidados básicos que garanticen su supervivencia y desarrollo integral conforme a su crecimiento físico y cognitivo.
“En un punto se establece que los conflictos con los menores se deben resolver de forma positiva, sin castigos físicos o tratos humillantes. Además de las responsabilidades civiles y penales que correspondan, quienes maltraten a un menor se harán acreedores a una amonestación verbal realizada por un representante del Ministerio Público”, explicó.
En caso de recibir una amonestación verbal de la autoridad, -los tres legisladores- coincidieron que los padres deberán acudir a programas de orientación en el DIF, prestar servicios comunitarios y someterse a un tratamiento psicológico o psiquiátrico.
