●  Legisladoras y legisladores federales y locales, junto con la dirigencia estatal de Morena, acudieron a la Fiscalía General de la República para dar seguimiento a las denuncias presentadas.

Los casos involucran operaciones por 7 mil 212 millones de pesos en el Gobierno estatal Con el objetivo de defender los recursos del pueblo de Nuevo León y exigir justicia, Clara Luz Flores Carrales, Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la entidad, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México, para presentar nuevas denuncias penales contra el gobernador Samuel García Sepúlveda y el así como contra otras personas que resulten responsables.

Acompañada por el senador Alejandro Murat, legisladoras y legisladores locales y federales, senadoras y senadores, así como integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León, Clara Luz Flores detalló que ambas denuncias documentan presuntos esquemas mediante los cuales se habría utilizado el poder público para favorecer intereses particulares y comprometer los recursos de las y los nuevoleoneses.

“Ambos casos tienen un elemento en común: el presunto uso de los cargos públicos para beneficiar intereses particulares. Samuel García: Utilizar el poder público para comprometer el dinero de la gente.

El servicio público no es un negocio personal y los recursos públicos no son patrimonio de una familia”, advirtió Flores Carrales.La denuncia señala presuntas operaciones por 7 mil 212 millones de pesos en el Gobierno estatal, así como contratos por 110 millones de pesos con empresas sancionadas por autoridades estadounidenses.

En ese sentido, Flores Carrales indicó que Nuevo León y el pueblo de Nuevo León ya tienen quien los defienda, “porque en Morena los vamos a defender. Esto desecha la versión del mismo gobernador de que se trata de una persecución política”, resaltó. 

Flores Carrales solicitó la intervención de autoridades financieras y fiscalizadoras para reconstruir la ruta del dinero, identificar a los beneficiarios finales y determinar las posibles responsabilidades. Subrayó que no se trata de una persecución política, sino de exigir cuentas claras y que se investigue hasta las últimas consecuencias. 

“No estamos prejuzgando. Exigimos que las autoridades investiguen y determinen las responsabilidades correspondientes. El dinero del pueblo se respeta y la justicia no se negocia”, concluyó.