La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras ocurridos en el mes de mayo y junio, con el fin de exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La orden fue dictada por el fiscal Brayan Melgar, también le atribuye a Morales los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz como "única demanda".

Los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los cortes de vías, y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3 mil millones de dólares.

La denuncia fue presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se sumó el ministro de gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.